Por Francia de Pérez|
Datos recopilados a partir del envío del Código Penal, por el Congreso Nacional, al Presidente Danilo Medina, después de la revisión realizada por los congresistas (Senadores y Diputados).
Dentro del marco del «Día Internacional de la No Violencia contra la mujer», promulgado por la Organización de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre de cada año y rindiendo homenaje a las tres heroínas dominicanas de Salcedo, Patria, Minerva y Teresa, conocidas como “Las Hermanas Mirabal”, se celebraron varias actividades.
En una de ellas la Procuraduría General de la República firmó convenios internacionales de protocolos de detención de la violencia domestica y acoso sexual en el lugar de trabajo, con instituciones empresariales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Federación dominicana de Cámaras de Comercio, las Confederaciones Nacionales de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), la Autónoma Nacional Sindical Clasista (CASC) y el Ministerio de la Mujer. Estos acuerdos fueron firmados para difusión de una cultura de paz y buen trato.
Todos estos eventos coincidieron con el envío del Código Penal -hecha las modificaciones por el Congreso Nacional- al Poder Ejecutivo para su observación o aprobación final , donde uno de los temas es las reglas y penalización del aborto en el país.
A partir de esa fecha se iniciaron actividades de reclamos de organizaciones diversas solicitándole al Presidente Medina observar el Código Penal y tomar medidas para frenar la violencia contra las mujeres.
El punto álgido del tema tratado es que el aborto en la República Dominicana está penalizado, sin tomar en cuenta circunstancias extremas y adversas, donde peligra la vida de la madre, que haya sido víctima de violación o incesto, o malformación de la criatura.
De las primeras manifestaciones frente al Palacio Nacional, sobre la observación del Código Penal, que se realizaron a favor de que el Presidente Danilo Medina observara el Código Penal enviado por el Congreso Nacional, fue la colectiva “Mujer y Salud”, bajo las consignas , “El Código Penal es una vergüenza”, “Obsérvalo Ya”, quienes solicitaban al mandatario medidas urgentes para frenar la violencia contra la mujer y observar el Código Penal, porque va contra los derechos humanos de las mujeres.
Una de las instituciones privadas con una trayectoria de trabajo a favor de la educación sexual es Pro-Familia, Asociación Dominicana Pro Bienestar de la Familia.
Pro Familia es una organización no gubernamental, que tiene como propósito proveer servicios de salud, especialmente de salud sexual y reproductiva a mujeres, jóvenes y hombres, dentro de un marco de salud integral y de alta calidad. Su misión es “Contribuir a satisfacer las necesidades de salud sexual y reproductiva de la población, con énfasis en mujeres y hombres adultos, y jóvenes en edad reproductiva, desde un enfoque de salud integral y de los derechos humanos, bajo modelos de gestión de calidad y competitividad, que conduzcan hacia la sustentabilidad financiera”.
Esta organización que se fundó en el 1966 ha sido vanguardia en la educación sexual y prevención del embarazo, principalmente, en adolescentes.
Fue una de las organizaciones que enviaron al Presidente Medina una misiva solicitándole observar el Código Penal, haciendo énfasis en el párrafo que contempla el artículo 22 que reza así, el “(Estado de necesidad) que establece que no es penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente, que lo amenaza o amenaza a otra persona, realiza o ejecuta un acto de omisión tipificado como infracción por este código o legislación penal especial”, sea repetido en el artículo 109 sobre la interrupción del embarazo.
Esta petición está dentro de una misiva enviada al Presidente Medina vía el enlace de la Iglesia Católica el Padre Manuel Ruiz de la Rosa, enlace entre la Iglesia Católica y el Gobierno; quien luego renunciara a su posición en el Palacio Nacional.
Tanto la comunidad católica como la comunidad evangélica pidieron al Poder Ejecutivo que promulgase el Código Penal tal y como se lo enviara el Congreso Nacional y, que no acceda a las peticiones de observación sobre la despenalización del aborto.
El Código Penal fue enviado por el Congreso Nacional al Poder Ejecutivo después de deliberar sobre las enmiendas que requería, dado el aumento de la violencia y la penalización dictada por los jueces en estos casos y sin tocar el tema del aborto.
La Iglesia Católica, a través de uno de sus representantes, el Padre Luis Rosario , Coordinador de la Pastoral Juvenil, también, se hizo presente ante el Ejecutivo con el envío de una misiva señalándole al Presidente Medina, valores éticos que debía tener en cuenta al observar el Código Penal y el tema del aborto como : el respeto sagrado de la sexualidad, al matrimonio, y la familia.
También se refirió a las peticiones de algunas instituciones privadas y hasta del Estado, que han adoptado políticas pocas educativas y no tanto humanizantes. Se refirió también al tema de la promoción del uso de los preservativos y las adolescentes embarazadas. Hizo referencia a que las familias se tambalean cuando se viola el derecho a la vida de los mas inocentes.
Las opiniones, los piquetes no terminaron ahí, los reclamos continuaron, algunos con conceptos religiosos muy marcados, otros reconociendo los derechos de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo, así como apelando a que los médicos actúen según las circunstancias y, otros, apelando a conceptos médico-científico-teológicos sobre que se debe preservar la vida humana por encima de todo, desde la concepción hasta la muerte.
Continúa…..
