Por Yanira Fondeur

Ayer transcurrieron 58 años del asesinato de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal por disposición del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, al regresar de la visita dominical que les hacían a sus esposos presos en Puerto Plata.

En conmemoración a ese vil hecho, la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer “preocupada porque la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz” y “reconociendo también que los derechos humanos de la mujer y de la niña son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales”.

La fecha establecida por la ONU para honrar la memoria de las hermanas Mirabal, símbolo de lucha de la violencia machista, no es un día más, constituye un día para reflexionar como nos encontramos ante esta problemática social, de salud pública y derechos humanos que lacera a las familias y por ende  obstaculiza el desarrollo de nuestra nación.

Nuestra realidad es preocupante, a partir de la información de que el Ministerio Público recibe anualmente  cerca de 65 mil denuncias por violencia intrafamiliar y de género, sin contar el sub registro existente de las que no son comunicadas a las autoridades ya sea por miedo, esperanza de un cambio del agresor, discapacidad, desconfianza, desconocimiento o dependencia económica.

La gravedad de la problemática encuentra su muestra más palpable cuando observamos que  en este año aproximadamente unas 90 mujeres, en su mayoría menores de 35 años de edad, han sido asesinadas mayormente en sus hogares, en cuyos 60 casos los agresores eran parejas o ex parejas, que utilizaron más armas blancas más que armas de fuego para estos crímenes, los cuales dejan en la orfandad a un número no cuantificado oficialmente de niños, niñas y adolescentes, que en algunos casos lo presencian, siendo marcados emocionalmente durante toda sus vidas.

Lamentablemente, en nuestra sociedad machista el hecho de que una mujer decida terminar con una relación de malos tratos se ha convertido en una licencia para ser asesinada y pasar a ser parte de las estadísticas de los fatídicos feminicidios.

La provincia de Santo Domingo, seguido de Santiago, La Altagracia y Puerto Plata son los lugares donde en este 2018 se han registrado los mayores números de asesinatos contra las mujeres, según las estadísticas que lleva la Fundación Vida Sin Violencia, recogidas de las publicaciones de los medios digitales e impresos.

El hecho de que nuestro país, en la región latinoamericana, permanezca en el tercer lugar con las tasas más elevadas de feminicidios, después del El Salvador y Honduras, es motivo importante para reevaluar las políticas públicas ejecutadas para la erradicación de este mal, reflexionar sobre el grado de voluntad y compromiso que nos asiste para que nuestros derechos sean respetados en cualquier escenario posible y fomentar la educación para la paz, basada en condiciones igualitarias.

Más allá de la invitación de la ONU hizo en su resolución, a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer, cabe decir que es momento de pasar a las acciones y hechos, asumiendo el compromiso de participar y demandar de los gobernantes políticas efectivas y duraderas, con los recursos económicos necesarios para aplicarlas a nivel nacional.

Mantenernos unidos como sociedad para enfrentar la violencia machista y promover una masculinidad positiva, que respete y permita disfrutar de una vida libre de violencia, colmada de la convivencia pacífica que nos asiste como ser humano, es un derecho pendiente. Exhorto a que nos mantengamos con actitud positiva para lograrlo.

La autora es la presidenta de la Fundación Vida sin Violencia.